Tras mas de año y medio, aún no ha sido creada la Autoridad Independiente de Protección al Informante:
Un Compromiso Pendiente, que sin embargo afecta a cualquier canal de denuncias.
En el ámbito de la protección de los informantes tener un canal de denuncias es fundamental para cumplir con la normativa vigente, sin embargo España aún no ha cumplido con la creación de la Autoridad Independiente de Protección al Informante (A.A.I), siendo sin embargo un organismo público esencial para garantizar la protección de aquellos que denuncian infracciones normativas y casos de corrupción. Esta obligación surge de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo, que establece la necesidad de proteger a los informantes en todos los Estados miembros de la Unión Europea, paso crucial para fortalecer la lucha contra la corrupción y proteger a aquellos que se atreven a denunciar irregularidades. España debe acelerar este proceso para cumplir con sus obligaciones europeas y garantizar un entorno seguro y justo para los informantes.
La Directiva (UE) 2019/1937 y su Impacto
La Directiva (UE) 2019/1937, también conocida como la Directiva de Protección de los Informantes, fue adoptada por el Parlamento Europeo el 23 de octubre de 2019. Su objetivo principal es establecer un marco común para la protección de las personas que informan sobre infracciones del Derecho de la Unión. Esta normativa obliga a los Estados miembros a implementar medidas adecuadas para proteger a los informantes contra represalias y garantizar que sus denuncias sean tratadas de manera confidencial y efectiva.
Canal de de denuncias, situación Actual en España
A pesar de la aprobación de la Ley 2/2023 de Protección a Informantes, que incorpora los principios de la Directiva, España aún no ha establecido la (A.A.I). Esta ley, promulgada en febrero de 2023, prevé la creación de una autoridad independiente encargada de gestionar el canal externo de comunicación y garantizar la protección de los informantes. Sin embargo, hasta la fecha, este organismo no ha sido constituido, lo que ha generado críticas tanto a nivel nacional como europeo.
Repercusiones de No Cumplir con la Ley 2/2023 de Protección a Informantes
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción. Esta ley impone a las entidades, tanto públicas como privadas, la obligación de implementar un sistema interno de información o canal de denuncias. No cumplir con esta normativa puede tener varias repercusiones significativas:
1. Sanciones Económicas
Las empresas que no implementen un sistema de denuncias adecuado pueden enfrentarse a sanciones económicas. Estas multas pueden variar en función de la gravedad de la infracción y del tamaño de la empresa.
- Infracciones Leves: Multas de hasta 100,000 euros para personas jurídicas y de 1,001 a 10,000 euros para personas físicas.
- Infracciones Graves: Multas de 100,001 a 600,000 euros para personas jurídicas y de 10,001 a 30,000 euros para personas físicas.
- Infracciones Muy Graves: Multas de 600,001 a 1,000,000 euros para personas jurídicas y de 30,001 a 300,000 euros para personas físicas.
Además de las multas económicas, las empresas pueden enfrentar otras consecuencias como la prohibición de obtener subvenciones, beneficios fiscales o contratar con el sector público durante un período de hasta 3 años.
2. Reputación Corporativa
El incumplimiento de la ley puede dañar gravemente la reputación de una empresa. La falta de un canal de denuncias puede ser vista como una falta de compromiso con la transparencia y la ética, lo que puede afectar negativamente la imagen pública de la entidad.
3. Consecuencias Legales
Las empresas pueden enfrentarse a consecuencias legales adicionales, como demandas por parte de empleados o terceros que consideren que sus derechos han sido vulnerados debido a la falta de un sistema de protección adecuado.
4. Impacto en el Ámbito Laboral
Desde una perspectiva laboral, la falta de un canal de denuncias puede generar un ambiente de trabajo hostil y desmotivar a los empleados. Además, las represalias contra los informantes pueden llevar a sanciones adicionales y a la pérdida de talento dentro de la organización.
5. Intervención de Autoridades
Las autoridades competentes pueden intervenir en las empresas que no cumplan con la ley, lo que puede resultar en inspecciones y auditorías que afecten el funcionamiento normal de la entidad5.
Importancia de la A.A.I
La creación de la A.A.I no solo es un requisito legal, sino también una necesidad para fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción en España. La falta de un organismo independiente que supervise y proteja a los informantes puede disuadir a muchas personas de denunciar irregularidades por miedo a represalias. La A.A.I garantizaría que las denuncias se manejen de manera adecuada y que los informantes reciban la protección necesaria.
Según informes recientes, se espera que el Gobierno español avance en la constitución de este organismo a lo largo de 2024. No obstante, la fecha exacta de su creación dependerá de diversos factores, incluyendo la voluntad política y la disponibilidad de recursos. A fecha de este articulo escrito en septiembre se hace más urgente el cumplir el propósito ante la cercanía de la finalización del año.
Si deseas ampliar información y consulta algunos documentos anteriores puedes verlos aquí:
Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.
Ley que reguladora de la protección de las personas informantes.
Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo.
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