Hoy ultimo dia para implantar un sistema y cumplir con la Ley 2/2023, de 20 de febrero, que regula la protección de quienes denuncian violaciones de la ley y la lucha contra la corrupción, también conocida como Ley del canal de denuncias o Ley Whistleblowing. Esta ley desarrolla la Directiva (UE) 2019/1937 de Ordenamiento Jurídico español, que establece un marco común para la protección las personas denunciantes de irregularidades en organizaciones públicas o privadas.
Esta Ley tiene por objeto promover la cooperación del público y la ciudadanía en la detección y prevención de violaciones a las normas que puedan afectar el interés público, así como garantizar la seguridad jurídica y la protección de los derechos fundamentales de las personas que informen sobre dichas infracciones. Para ello, la ley obliga a las empresas con 50 o más trabajadores a contar con un sistema interno de información, también llamado canal de denuncias o canal informante, a través del cual se puedan comunicar de forma confidencial y segura las posibles irregularidades que se detecten en el ámbito de la actividad de la empresa.
El canal de denuncias debe cumplir una serie de requisitos formales y técnicos que garanticen la protección de los datos personales de los informantes y de las personas afectadas por las denuncias, así como el derecho a la presunción de inocencia, al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Además, la ley establece un sistema de gestión y protección de los informantes que impide cualquier tipo de represalia o discriminación contra ellos, tanto en el ámbito laboral como en el civil, administrativo o penal.
La ley prevé un régimen sancionador que puede imponer multas de hasta 1.000.000 de euros a las empresas que incumplan sus obligaciones, tales como no disponer de un canal de denuncias, obstaculizar su uso, vulnerar el secreto de la información, adoptar represalias contra los informantes o no cooperar con las autoridades competentes. Asimismo, la ley prevé la posibilidad de prohibir la contratación con el sector público o la pérdida de ayudas o subvenciones públicas a las empresas sancionadas.
La entrada en vigor de la ley supone un reto y una oportunidad para las empresas españolas, que deben adaptar sus políticas y sistemas de información a las exigencias de la normativa, así como fomentar una cultura de cumplimiento y transparencia en su organización. Para ello, es recomendable contar con el asesoramiento de profesionales especializados que puedan ayudar a implementar y gestionar el canal de denuncias de forma eficaz y segura. Te invitamos a que veas nuestras soluciones.
Para más información puede consultar los siguientes enlaces del boletín oficial del estado y de la agencia Española de Protección de datos.